Solicitan hasta trece años de cárcel por explotación laboral sin remuneración en el sector agrícola
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de hasta trece años de cárcel para dos personas acusadas de explotar a un hombre con discapacidad intelectual leve moderada, al obligarle a trabajar en la recogida de patatas sin recibir sueldo alguno. La supuesta coacción se habría basado en una deuda de 20.000 euros que los acusados afirmaban que la víctima debía saldar. Este hombre, que residía en el domicilio de los implicados, dormía en una tienda de campaña en la azotea de la vivienda hasta que logró escapar aprovechando un descuido.
Según el Ministerio Público, los hechos se remontan a julio de 2019, cuando los dos imputados aprovecharon la situación personal y mental de la víctima, descrita como "huérfano de padres, con un retraso leve moderado, analfabeto y con una inmadurez emocional que le hace fácilmente influenciable" y con "escasa capacidad de razonamiento y flexión". Estas condiciones, según la Fiscalía, eran evidentes.
Tras ofrecerle trabajo en el ámbito agrícola, el hombre comenzó a recolectar patatas en diferentes fincas, siempre bajo el control directo de los acusados, que retuvieron su documentación personal desde el primer día. A pesar de realizar jornadas completas, no percibió ningún salario, pues los procesados alegaban haber pagado 20.000 euros por él y que debía liquidar esa supuesta deuda antes de poder marcharse.
- Explotación laboral de hombre vulnerable
- Detalles sobre las condiciones de vida y control
- Uso fraudulento de documentación y regularización falsa
- Fuga y descubrimiento del víctima
- Acciones judiciales y situación actual
Explotación laboral de hombre vulnerable
Durante el tiempo que permaneció sometido a esta situación, la víctima convivía con los acusados en la misma residencia, donde inicialmente le asignaron un sofá en un pasillo para dormir, aunque finalmente fue alojado en la azotea. En este lugar dormía sobre un colchón en el suelo, cubriéndose únicamente con una tienda de campaña.
Uno de los presuntos responsables, haciendo uso de la vulnerabilidad intelectual de este hombre, utilizó su documentación para darlo de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) como trabajador autónomo en el sector agrícola, sin que la víctima tuviera conocimiento alguno de dicha inscripción. Este registro figuró activo desde el 13 de agosto hasta el 10 de octubre de 2019, con la intención de aparentar la existencia de contratos temporales legítimos en esta actividad.
Detalles sobre las condiciones de vida y control
El escrito del fiscal señala que en varias ocasiones la víctima solicitó permiso a sus captores para poder regresar a su lugar de origen, pero sus peticiones eran sistemáticamente denegadas. La presión y el maltrato psicológico finalmente llevaron al hombre a buscar una oportunidad para huir.
Consiguió escapar tras fingir que iba a tirar la basura y fue localizado un tiempo después en un estado de desorientación y signos evidentes de desnutrición, en una venta cercana a Alcalá de Guadaíra. El escenario mostraba la gravedad de la explotación y el abandono por parte de los acusados.
Uso fraudulento de documentación y regularización falsa
En la vivienda registrada por las autoridades, se encontró una serie de documentos personales pertenecientes a la víctima, papeles laborales de otros ciudadanos rumanos, varias libretas con anotaciones, así como 745 euros procedentes de la actividad ilícita.
La condición de discapacidad de este hombre lo convierte en una persona especialmente vulnerable, incapaz de valorar plenamente las consecuencias de sus decisiones en un entorno hostil. La Fiscalía destaca esta vulnerabilidad en su acusación.
Fuga y descubrimiento del víctima
Los acusados permanecieron en prisión provisional desde el 18 de octubre hasta el 20 de noviembre de 2019. Los cargos formulados incluyen un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y un delito continuado de falsedad en documento oficial.
La Fiscalía solicita una pena máxima de trece años de prisión y ha fijado la celebración del juicio para el 28 de abril próximo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.
