Piden la paralización del desalojo de once familias con nueve menores en el barrio de Palmete
El trabajo conjunto refleja el interés común por encontrar una respuesta a la problemática que enfrentan estas familias, cuyos derechos a la vivienda social han estado en disputa durante meses
- Suspensión del desalojo por sesenta días
- Análisis individual de derechos y situación de las familias
- Protestas y posición de Barrios Hartos frente al desalojo
Suspensión del desalojo por sesenta días
El desalojo que afectaba a once familias residentes en el barrio sevillano de Palmete ha quedado temporalmente paralizado tras la notificación de la entidad bancaria a la empresa pública de vivienda Emvisesa. El banco ha solicitado la "suspensión del lanzamiento" durante el máximo período permitido por ley, que son 60 días hábiles, comprometiéndose además a "solicitar una ampliación de dicho plazo en caso de que resultara necesario".
Este avance se confirmó tras la reunión celebrada el pasado viernes entre representantes del banco y la entidad pública, en la que trataron la situación de los moradores del inmueble situado en el número 54 de la calle Verdad, indicaron fuentes municipales a Europa Press.
Análisis individual de derechos y situación de las familias
En paralelo, y buscando una solución habitacional adecuada para las familias involucradas, Emvisesa ha solicitado a través de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) la "documentación pertinente". Este trámite tiene el propósito de examinar de manera individual la situación de cada núcleo familiar con el fin de ofrecer una propuesta definitiva que garantice su alojamiento.
El trabajo conjunto refleja el interés común por encontrar una respuesta a la problemática que enfrentan estas familias, cuyos derechos a la vivienda social han estado en disputa durante meses.
Protestas y posición de Barrios Hartos frente al desalojo
El jueves anterior, Barrios Hartos y otras entidades sociales convocaron una manifestación frente al Ayuntamiento de Sevilla para mostrar su rechazo al desahucio y exigir al Gobierno local y a la Junta de Andalucía que el banco encargado del inmueble "respete las condiciones de las familias".
No obstante, el colectivo expresó que no ha recibido comunicación oficial sobre la suspensión y que, incluso, en notificaciones entregadas directamente a los vecinos, el Juzgado de Instrucción número 8 les ha informado que las alegaciones presentadas "no son tenidas en cuenta por el Juzgado".
En un comunicado oficial, Barrios Hartos insistió en que "los problemas entre una promotora, Emvisesa y el banco no están por encima del derecho a una vivienda digna", recordando además que accedieron a sus contratos porque se trataba de vivienda de protección oficial (VPO).
El colectivo hizo hincapié en que "no necesitamos alternativas habitacionales", dado que los afectados mantienen su hogar en un edificio que, incluso sin ayudas externas, han cuidado personalmente. También afirmaron que Emvisesa conocía la situación desde el inicio y no desde hace pocos días, como les indicaron hace poco. No obstante, manifestaron su disposición a "confiar en la buena fe del personal de la empresa pública".
Finalmente, el comunicado concluye destacando que "llevamos años deseando que el pleito se resuelva para que se regularice nuestra situación, a lo que el juez se ha negado una y otra vez, a pesar de los múltiples intentos por nuestra parte de personarnos en el procedimiento".
