Servicio de autobús del siglo XXI pero para toda la provincia

En pleno debate sobre la movilidad sostenible y la necesidad de adecuar los servicios de transporte a la realidad urbana actual, los habitantes de las zonas rurales también alzan la voz para exigir que el que consideran el sistema de transporte más acorde, el autobús, llegue a todos los rincones de la provincia, pero el bus que llegue que sea del siglo XXI.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda se encuentra en estos momentos en la primera fase de la revisión del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, en la que se encuentra recabando las aportaciones de ayuntamientos, administraciones y entidades sociales y económicas para elaborar un primer borrador que se llevará a evaluación ambiental. Pero algunas voces se están alzando para que esa garantía de movilidad no sólo se fortalezca en el área metropolitana, sino que llegue a toda la provincia y, en especial, a zonas rurales y a municipios que no forman parte del Consorcio de Transportes, para los que piden un trato diferencial, una discriminación positiva, y llaman a las puertas de todas las administraciones, desde la Junta a los ayuntamientos afectados, pasando por la Diputación de Sevilla.

Según expresó el director general de Movilidad de la Consejería, José Miguel Casasola, en unas jornadas sobre el futuro Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, este documento avanzará hacia una nueva cultura “donde la ciudadanía sea el eje central”, fomentando para ello el uso del transporte público y de otros medios de transporte alternativos al coche, como la bicicleta o los desplazamientos a pie. El objetivo del Gobierno andaluz es “lograr un sistema de transporte sostenible, eficiente y de calidad”, un objetivo que “contribuye a la mejora del medio ambiente y la salud, al desarrollo sostenible y a la cohesión territorial”.

Dentro del Plan se abordarán aspectos como la posible incorporación de nuevos municipios al Consorcio de Transporte Metropolitano, la conexión entre los principales centros intermodales de carácter metropolitano (Plaza de Armas, Prado-San Bernardo y Santa Justa), la potenciación de la red de metro (actualmente en obras), las plataformas reservadas BUS-VAO, la optimización de la red de cercanías, la conexión con el aeropuerto, la modernización del transporte de mercancías, la movilidad ciclopeatonal a escala metropolitana o la incorporación de las nuevas tecnologías.

En materia de sostenibilidad, el nuevo plan se diseñará para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, aplicando medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y que faciliten la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, en el que el transporte y la movilidad juegan un papel importante. Por último, el plan cumplirá los compromisos internacionales para la lucha contra el cambio climático, como el Pacto Verde Europeo o los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Deficiencias actuales

Esa es la teoría pero deja fuera a esos municipios que no forman parte del Consorcio de Transportes de Sevilla y que se encuentran en zonas rurales, a las que amenaza la sombra de la despoblación. Así lo puso en evidencia en esa misma jornada el periodista Juan Carlos Romero Márquez, que lanzó a la propia Junta, a los ayuntamientos y a las entidades participantes una serie de propuestas para conseguir “extender un transporte público colectivo integral a las realidades de la provincia” que facilite, de verdad, el “acceso de todas las personas a una movilidad eficiente”, ya que, a su juicio, “no es un lujo, es un derecho de la ciudadanía”.

Entre las propuestas que planteó Romero para su debate y su incorporación al borrador de la Junta se encuentra establecer horarios con más frecuencias de paso; fines de semana y festivos con un horario digno; poner especial énfasis en municipios de zonas en proceso de despoblación; un servicio nocturno garantizado; precios asequibles; un mantenimiento adecuado de vehículos en servicio, con garantías higiénico-sanitarias y accesibilidad universal; confort térmico en Estación; paradas con mampara protectora viento/lluvia; un sistema de información y notificaciones o avisos a tiempo real de las líneas de autobús; la extensión de la tarjeta monedero dentro de un sistema unificado andaluz; y la digitalización del sistema de movilidad.

Romero ponía en evidencia la realidad actual del servicio interurbano de autobús, el que considera más adecuado para conectar a toda la provincia. Y lo hacía con ejemplos: Guillena, a 22 kilómetros de la capital, disfruta de 17 servicios entre semana y 4 los fines de semana con una duración media de 40 a 50 minutos, frente a Castilblanco de los Arroyos, a 36 kilómetros y con 9 autobuses los días laborales y 4 los festivos (una hora y 10 minutos), o, el caso extremo de Almadén de la Plata, con sólo un autobús al día con 1 hora y 40 minutos de trayecto.

“El servicio, gestionado por empresas privadas en régimen de concesión de la Junta de Andalucía, acumula cancelaciones, retrasos, falta de frecuencias y vehículos en mal estado, con constantes averías, deficiencias en la limpieza y carencias en el mantenimiento. A ello se suma la escasez de personal y la falta de planificación que sufre el sistema desde hace años”, relata Juan Carlos Romero. Las deficiencias del servicio no sólo afectan a los municipios que no forman parte del Consorcio o los más rurales y alejados de la capital, sino que se extienden también por el área metropolitana, con protestas en localidad tan dispares como Gerena o Alcalá de Guadaíra.

A eso se añade que la inversión de más de un millón de euros en la estación de autobuses Plaza de Armas “no ha repercutido de forma directa en el confort de las personas usuarias de bus interurbano en verano expuestas al calor, en invierno al frío y a la lluvia”, con un área de andenes con asientos insuficientes o sin puntos de recarga de móviles, sin sistemas de información informatizados a tiempo real, y con paradas sin protección ante las inclemencias del tiempo, sin señalización adecuada ni información actualizada de los servicios que se presta.

Discriminación positiva

“Se discrimina a los pueblos que no están en el Consorcio Metropolitano y si hay discriminación que sea positiva para los pueblos más alejados que no tenemos otras alternativas de transporte público”, relata Juan Carlos Romero, que considera que no se puede decir que “Gerena sí tiene derecho a precios más bajos y más frecuencia y Castilblanco o Burguillos no por no estar en el Consorcio”. “La Junta debe garantizar la movilidad de toda la ciudadanía, especialmente en municipios alejados de la urbe, que también nuestra actividad social y económica está muy vinculada a esa movilidad”, recalcaba.

De hecho, no sólo exige más implicación a la propia Junta de Andalucía, que es la administración que tiene las competencias. A los ayuntamientos les pide defender “ante la Junta y frente a intereses de las empresas concesionarias” la movilidad de sus ciudadanos y a la Diputación de Sevilla le reclama, como miembro del Consorcio Metropolitano de Transporte, que incida en la garantía de ese servicio básico que es la movilidad “para garantizar la cohesión territorial de la provincia”.