Protesta para reivindicar financiación suficiente para la Universidad de Sevilla
La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en la Universidad de Sevilla (US) ha convocado una "asamblea-manifestación" para este lunes a las 12:00 horas, con salida desde la Puerta del Rectorado y finalización en el Palacio de San Telmo hacia las 14:00 horas. Bajo el lema 'Por la defensa de la universidad pública', el sindicato reclama la dotación financiera suficiente para la institución y el cumplimiento de los acuerdos laborales vigentes.
Este acto responde al anuncio de un plan de ajuste por valor de 16 millones de euros informado por la rectora Carmen Vargas en el Consejo de Gobierno. Dicho plan contempla desde una reducción en la contratación de profesorado hasta la disminución de grupos en la medida de lo posible. CCOO justifica la convocatoria ante la grave situación financiera impuesta por la Junta de Andalucía, principal financiadora del sistema universitario público andaluz.
El sindicato señala que no solicitan fondos adicionales, sino únicamente el respeto a lo establecido por ley: "No pedimos dinero extra, sólo lo pactado por Ley. Exigimos el cumplimiento de las subidas salariales de los Presupuestos Generales del Estado; el pago de trienios; los acuerdos firmados y las sentencias ganadas". Además, CCOO lamenta que la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) conlleva un desmantelamiento del sistema público al no garantizar recursos para personal, gastos básicos, asignaciones equivalentes al 1% del Producto Interior Bruto (PIB) ni la cláusula de salvaguarda del modelo de financiación.
Durante la asamblea, se criticarán también la inversión privada y la competencia "desleal" producto de la apertura autorizada de cuatro nuevas universidades privadas, junto a otras seis en espera de aprobación. Asimismo, se denuncia que de las 64 titulaciones privadas autorizadas, 57 actúan como "titulaciones espejo", generando competencia directa a las públicas.
Situación financiera y medidas preventivas de la Universidad de Sevilla
La rectora Carmen Vargas ha comunicado recientemente a la comunidad universitaria un mensaje de "tranquilidad" respecto a las finanzas del centro. Según explicó, la asignación aprobada en el reparto presupuestario por el Consejo Andaluz de Universidades asciende a 449,36 millones de euros, cifra que podría resultar insuficiente para cubrir íntegramente los gastos de personal, incluyendo salarios y complementos. El motivo principal es que el incremento de la masa salarial supera el aumento inicial de financiación recibido de la Junta.
Ante esta circunstancia, la Universidad debe actuar con prudencia y responsabilidad, revisando y ajustando partidas presupuestarias preventivamente para garantizar la cobertura completa de las nóminas durante el año. La comisión técnica acordada entre las universidades públicas y la Junta continúa evaluando los costes reales de las plantillas para definir con exactitud estos gastos.
También permanece pendiente el abono completo de cantidades adeudadas por parte de la Junta correspondientes al ejercicio 2025, tras la auditoría. Las universidades públicas han solicitado continuar las negociaciones con la Administración para asegurar la ejecución íntegra de los acuerdos y la correcta aplicación del modelo de financiación.
Comisión técnica y la cláusula de salvaguarda en el modelo de financiación
El acuerdo alcanzado tras prolongadas negociaciones establece la creación de una comisión técnica integrada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Economía, Hacienda, Fondos Europeos, y diálogo social, junto a los rectores de las universidades públicas andaluzas. El objetivo es determinar con transparencia la cláusula de salvaguarda que garantiza la financiación anual de las universidades, consistente en recibir la misma asignación presupuestaria que el ejercicio precedente más los incrementos salariales aprobados.
Dicha comisión analizará el capítulo 1 del presupuesto universitario, referente a los gastos de personal. Se estudiarán los criterios y parámetros aplicados para calcular estas partidas, buscando eliminar las disparidades existentes. Se prevé que el análisis, desglosado universidad por universidad, esté listo antes de la primera quincena de julio para definir la fórmula precisa que regirá la cláusula de salvaguarda.
Además, se evaluará la incorporación de retribuciones adicionales ligadas a la actividad docente e investigadora, productividad y antigüedad, incluyendo complementos autonómicos, carrera horizontal, trienios, quinquenios y sexenios del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal Técnico y de Gestión (Ptgas).
Este órgano técnico examinará también los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el impacto del crecimiento vegetativo y otras variables que influyan en los cálculos. Los resultados deberán ayudar a identificar oportunidades de mejora en la planificación y gestión de recursos humanos y gastos asociados, promoviendo un enfoque de corresponsabilidad institucional para garantizar un marco financiero equilibrado y sostenible.