Las organizaciones ecologistas reiteran su rechazo a la reapertura de la mina de Aznalcóllar
Organizaciones ecologistas como Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han reiterado su rechazo al proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar debido a los graves riesgos ambientales que supone. Este rechazo coincide con el aniversario de la mayor catástrofe ecológica que sufrió Andalucía en 1998, cuando la rotura de la balsa de lodos tóxicos de la mina de Boliden contaminó la cuenca del río Guadiamar, afectando especialmente al Parque de Doñana.
Ciudadanía y colectivos locales han mostrado su preocupación ante la contaminación generada por la mina de Cobre de las Cruces en el río Guadalquivir desde 2009 hasta 2023, una situación que ha motivado convocatorias de protesta, especialmente previstas para el 9 de mayo. En esa fecha, pescadores, comerciantes y otros miembros de la sociedad civil de las localidades situadas a orillas del estuario del Guadalquivir, junto a asociaciones ecologistas, se manifestarán frente a la desembocadura del río y las costas de Doñana para exigir responsabilidad.
Las protestas están dirigidas contra los nuevos vertidos tóxicos autorizados para la reapertura de la mina de Los Frailes, situada en Aznalcóllar, y la mina subterránea de Cobre Las Cruces en Gerena (Sevilla). Se reclama a la Junta de Andalucía la suspensión temporal de estos vertidos, así como la creación de un Comité de Expertos independientes que evalúe el impacto medioambiental provocado por los metales pesados vertidos al río Guadalquivir.
Esta demanda, respaldada por alcaldes, representantes de agricultores, pescadores, consumidores, colectivos sanitarios y científicos, así como por el Defensor del Pueblo Andaluz, pretende dar voz a la preocupada población ribereña y garantizar un análisis riguroso e independiente de la contaminación producida.
Impactos ambientales y autorizaciones polémicas
Las organizaciones ecologistas también han advertido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que no conceda permisos para extraer aguas contaminadas de las minas abandonadas de Aznalcóllar y Los Frailes, cuyo destino final sería la Zona de Especial Conservación del estuario del Guadalquivir, justo frente al estadio de La Cartuja, Sevilla.
Las organizaciones ecologistas han solicitado la paralización temporal del proceso de concesión de aguas que actualmente gestiona la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Esta demanda se fundamenta en la aplicación de los principios de precaución y cautela, debido a las posibles consecuencias ambientales de los vertidos contemplados.
Además, los colectivos medioambientales proponen la constitución de una Comisión de Expertos técnicos y científicos independientes. Esta iniciativa, apoyada por el Defensor del Pueblo Andaluz, tiene como objetivo evaluar si los riesgos asociados a los vertidos son suficientemente conocidos o si es imprescindible continuar amparándose en las medidas preventivas señaladas.
Por otra parte, se requiere un pronunciamiento formal de los organismos adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La finalidad es analizar la posible afectación de estos vertidos a los objetivos establecidos para 2027 respecto al buen estado de las aguas en el Estuario del Guadalquivir, en línea con los compromisos adquiridos con la Unión Europea y las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo Andaluz.
En junio de 2024, durante las jornadas científicas celebradas en la Universidad de Sevilla bajo el título "El Estuario del Guadalquivir frente a los vertidos mineros", expertos alertaron sobre los riesgos asociados a los vertidos de metales pesados procedentes de estas explotaciones mineras y solicitaron la paralización de las autorizaciones, reclamando una evaluación independiente.
No obstante, en julio de 2024 la Consejería competente otorgó la autorización ambiental para la mina subterránea de Minera Los Frailes, incluyendo un plan para verter hasta 17.520 millones de litros de aguas ácidas contaminadas en un periodo de 18 meses, y un vertido operativo masivo estimado en 68.000 millones de litros durante los siguientes 17 años. Asimismo, en mayo de 2025 la Dirección General de Minas aprobó la autorización de la explotación, que contempla la instalación de una planta industrial para extraer concentrados de zinc, cobre y plomo.
Según los estudios científicos realizados por las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, esta autorización ha pasado por alto los impactos ambientales y socioeconómicos derivados, afectando zonas protegidas del Bajo Guadalquivir y el Parque Natural de Doñana, parte de la Red Natura 2000.
Consecuencias para el ecosistema y la salud pública
El vertido proyectado implicaría la contaminación del río Guadalquivir por metales pesados como arsénico, cadmio, plomo, zinc, níquel y selenio en todo su trayecto desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda. Este fenómeno dañaría gravemente los cultivos de arroz en la marisma sevillana y la reserva pesquera del estuario, con un riesgo patente para la salud de las personas que consuman estos productos afectados.
Además, ni las empresas mineras ni las autoridades han considerado los efectos acumulativos y sinérgicos de los nuevos vertidos junto con los registros históricos en la misma área, especialmente los derivados de la mina de Cobre Las Cruces entre 2009 y 2023, cuya ecotoxicidad está acreditada. La reapertura de esta mina está autorizada para verter contaminantes durante los próximos 14 años.
Estos impactos acumulativos no han sido evaluados plenamente, incumpliendo así los requisitos mínimos legales para los Estudios de Impacto Ambiental, obviando además el complejo contexto hidrodinámico y fisicoquímico del estuario. Por ello, se recomienda aplicar el principio de precaución y no autorizar ningún vertido minero en esta zona de especial protección conforme a la Directiva Marco del Agua.
Demandas y medidas solicitadas
Las organizaciones ecologistas denuncian que la Junta de Andalucía tampoco ha evaluado adecuadamente el impacto ambiental del vertido tóxico en Doñana ni ha permitido que el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana se pronuncie sobre el proyecto, vulnerando el procedimiento legal establecido.
En consecuencia, estas entidades demandan:
- Suspensión provisional de la concesión de aguas tramita por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en línea con los principios de precaución.
- Creación de una Comisión de Expertos técnicos y científicos independientes para evaluar con rigor los riesgos ambientales, siguiendo la propuesta del Defensor del Pueblo Andaluz.
- Pronunciamiento de organismos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la incidencia de los vertidos en la consecución de los objetivos de buen estado de las aguas para 2027 del estuario, conforme a los acuerdos con la Unión Europea y las recomendaciones del Defensor del Pueblo Andaluz.
