El juez propone juzgar al exdirector de Trabajo por ayudas irregulares del caso ERE
El juez de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha acordado continuar como procedimiento abreviado la investigación contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en la concesión y el pago presuntamente ilícitos de ayudas a la empresa Nature Pack Minas de Riotinto S.A. por un importe total de 1.240.060,16 euros.
Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el auto consta que el magistrado toma esta decisión "por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos" de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
De igual modo, acuerda el sobreseimiento de las actuaciones respecto de otros cuatro investigados, al considerar que "no hay motivos suficientes para atribuirles participación" ni existen "indicios sólidos" contra ellos.
El magistrado considera que, en el caso de algunos investigados, "es cierto que habrían podido tener conocimiento de la gestión irregular", si bien no existen indicios suficientes de que tuvieran un dominio funcional sobre la administración ilícita de fondos públicos.
PRESCRIPCIÓN
Respecto a otros dos investigados, el instructor recuerda que los hechos relacionados con una ayuda de 273.500 euros se remontan a 2008, por lo que habrían prescrito al haber transcurrido más de diez años.
En esta pieza separada del caso ERE, el magistrado investiga la "concesión y pago ilícitos de ayudas" que, de manera "absolutamente arbitraria e injusta", se concedieron a la mercantil por más de 1,24 millones de euros.
El auto detalla que una de las ayudas, de 274.509,76 euros, fue concedida como "ayuda sociolaboral" en marzo de 2010. Posteriormente, ya como director general, Daniel Alberto Rivera ordenó su pago pese a las irregularidades del procedimiento.
Así, "siendo consciente de la manifiesta ilicitud", ordenó el abono en dos fases, lo que supuso una disposición arbitraria de fondos públicos en perjuicio de otras empresas que no pudieron acceder a estas ayudas.
El juez subraya que el procedimiento estaba "absolutamente viciado", sin que constaran trámites básicos, finalidad pública de la subvención ni mecanismos de control o justificación.
Además, la propia Junta declaró en 2018 la nulidad de las ayudas y ordenó su devolución, si bien la empresa no habría reintegrado los fondos.
Finalmente, el magistrado ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones para que, en el plazo de veinte días, soliciten la apertura de juicio oral, el archivo de la causa o la práctica de nuevas diligencias.