Hornillo critica que la Junta actué de "gestora privada" de Minera Los Frailes
Susana Hornillo, líder de Podemos en Sevilla y concejala del Ayuntamiento, ha denunciado el "escándalo de dimensiones históricas" que supone que la Delegación Provincial de Industria de la Junta de Andalucía haya “copiado literalmente” los argumentos de la empresa Minera Los Frailes para conceder la condición de "interés público superior" al proyecto extractivo de Aznalcóllar, una maniobra que “busca eludir” la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. Esto permitiría el vertido de 85.000 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados en el estuario del Guadalquivir, según denuncian
La edil de Podemos ha subrayado la importancia de este caso por su gravedad institucional, ecológica y sanitaria, denunciando que el gobierno andaluz actúa como "la gestoría privada de una multinacional minera" al copiar los informes sin verificación independiente, evidenciando una confusión entre la administración pública y los intereses extractivistas.
Por otro lado, Hornillo reclama al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y a la dirección de Emasesa, la empresa metropolitana de aguas, que abandonen su "silencio cómplice, cobarde y negligente". Este silencio, según la concejala, es inaceptable ante una amenaza directa que afecta al agua de Sevilla y de otros doce municipios metropolitanos.
Impacto ambiental y social del vertido en el Guadalquivir
El riesgo medioambiental se agrava, según señala, por la ubicación geográfica del vertido, situado cerca del estadio de La Cartuja, en el mismo lugar donde está previsto que la empresa pública construya una planta desalobradora valorada en 60 millones de euros. Esta infraestructura pretende asegurar el abastecimiento de agua a 1,4 millones de usuarios en épocas de sequía severa.
Hornillo advierte que los informes científicos alertan de la presencia de elementos tóxicos como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc. Debido a la hidrodinámica del estuario, estos contaminantes no se dispersarán hacia el Atlántico, sino que permanecerán acumulados en el fondo y las orillas, afectando gravemente al ecosistema y a la calidad del agua.
La concejala califica como una "paradoja criminal" que el mismo gobierno que permitirá el vertido invierta 60 millones en una planta destinada a captar agua precisamente en ese punto contaminado. Este contraste supone, en su opinión, un agravio para la salud pública y un “insulto a la inteligencia” de los ciudadanos de Sevilla.
Reacciones políticas y exigencias a las instituciones
La denuncia de Hornillo implica una crítica directa al Partido Popular, quien gobierna tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Sevilla. La concejala sostiene que, ante la amenaza de que la población consuma agua con niveles elevados de metales pesados en una próxima sequía, las autoridades mantienen intereses en proteger a las empresas mineras en lugar de priorizar la salud ciudadana.
Entre sus exigencias más destacadas está la necesidad de que Emasesa rompa su silencio y defienda el interés público, situando la salud de la población por encima de los intereses partidistas o económicos vinculados al lobby minero