Alertan de los riesgos de las balsas mineras de Aznalcóllar y Riotinto
Ecologistas en Acción ha alertado del grave riesgo ambiental que suponen las balsas de residuos mineros y los pasivos históricos de la minería metálica en Andalucía ante episodios de lluvias intensas como el que se está produciendo estos días y además de citar a la de Riotinto pone especial foco en Aznalcóllar, donde los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han levantado un muro de contención para evitar filtraciones.
La asociación considera “imprescindible” que se haga pública información actualizada y verificable sobre el estado real de las balsas y depósitos de residuos mineros, que se refuercen los mecanismos de control y seguimiento ante episodios meteorológicos extremos y que se garantice un “control público riguroso, independiente y transparente de estas instalaciones”.
Para EeA, “mientras no se aborde de forma efectiva la gestión de los pasivos mineros históricos, seguir autorizando y poniendo en funcionamiento nuevos proyectos supone asumir riesgos ambientales inaceptables”.
Ecologistas considera que la situación es “especialmente preocupante en la Faja Pirítica Ibérica, donde se concentra un elevado número de instalaciones de residuos mineros en las provincias de Huelva y Sevilla, muchas de ellas asociadas a explotaciones activas o cerradas desde hace décadas.
De hecho, aseguran que miembros de la asociación “han podido constatar en las últimas horas el riesgo de la situación en las gigantescas balsas de lodos tóxicos” tanto de la mina de Riotinto, operada por Atalaya Riotinto Minera, como la de los lixiviados de las escombreras de la mina de Aznalcollar. De esta última recuerdan que está gestionada por Minera los Frailes desde 2015, cuya matriz Grupo México “tiene un desastroso historial de roturas de balsas mineras en su país, como la que provocó un vertido altamente contaminante en el río Sonora en agosto de 2014, pocos meses antes de hacerse con los derechos mineros de la Zona Aznalcollar”.
Además, denuncian que Minera Los Frailes está incumpliendo desde el año 2019 sus obligaciones establecidas en el Protocolo de Actuación sobre el nivel de agua en la Corta de Aznalcollar, que establecía la creación de una Comisión de Seguimiento del nivel de esas aguas tóxicas, con participación de las administraciones mineras y ambientales de la Junta de Andalucía, y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y que “nunca se ha creado, ante la pasividad de todas esas administraciones públicas”.
Han recordado que durante las intensas lluvias de marzo de 2025 ya se produjo un episodio de contaminación en el contraembalse del Agrio, por escorrentías contaminantes procedentes de la escombrera noroeste de la mina de Aznalcollar, “que acabaron contaminando, una vez más, la cuenca del Guadiamar”.
En aquel momento se solicitó a la Junta información sobre los trabajos de la Comisión de Personas Expertas, que la Junta de Andalucía anunció su constitución el 13 de octubre de 2023. Nunca han recibido “ningún tipo de información” a pesar de que manifestaron su preocupación por la situación de las balsas mineras repartidas por toda la provincia de Huelva, especialmente en la zona de Riotinto, Tharsis y la Zarza.
También solicitaron, en noviembre pasado, información sobre los informes periódicos de vigilancia y control de las macrobalsas de lodos tóxicos de la mina de Riotinto, que ocupan más de 500 hectáreas. Esos informes tienen que ser elaborados por mandato de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de 24 de julio de 2023 que autorizó el recrecimiento de los muros hasta en 42 metros, para albergar 161 millones de toneladas de lodos tóxicos, añadidos a los más de 180 millones de m3 que ya contienen, denuncian. No han recibido información como tampoco “sobre las garantías financieras supuestamente depositadas por la empresa Atalaya Riotinto Minera para responder sobre posibles daños generados por esas macrobalsas tóxicas”.
Las precipitaciones intensas y persistentes someten a una fuerte presión a infraestructuras que almacenan millones de toneladas de estériles, lodos y aguas contaminadas con metales pesados y otros compuestos peligrosos, argumentan. Se trata de instalaciones cuya estabilidad depende de un control hidráulico permanente y de unas condiciones muy precisas de humedad y drenaje, que se ven alteradas durante temporales prolongados, incrementando el riesgo de filtraciones, reboses, movilización de contaminantes y fallos estructurales, explican.
El historial de vertidos, drenajes ácidos y episodios de contaminación asociados a la minería metálica en Andalucía demuestra que estos riesgos no son teóricos ni excepcionales. Las afecciones recurrentes a ríos como el Tinto y Odiel en Huelva, y el Agrio, Guadiamar y Guadalquivir en Sevilla, “ponen de manifiesto las consecuencias de una gestión deficiente de los residuos mineros, con impactos graves y persistentes sobre las aguas, los suelos, la biodiversidad y los usos tradicionales del territorio”.
“Resulta especialmente grave que, mientras el presidente Moreno Bonilla reconoce explícitamente la peligrosidad de estas instalaciones en situaciones de lluvias intensas, recurriendo incluso a la Unidad Militar de Emergencia (UME), la Junta de Andalucía mantenga una política de impulso de nuevos proyectos mineros y de reapertura de explotaciones sin haber resuelto previamente la gestión segura de los pasivos existentes. La insistencia en un discurso de supuesta “minería sostenible” o “minería verde” no puede ocultar que cada nuevo proyecto incrementa el volumen de residuos y amplía una carga ambiental que recaerá sobre el territorio mucho más allá de la vida útil de las explotaciones”, señala Ecologistas en Acción.
