Aborgase intenta paralizar la nueva licitación para la Mancomunidad de los Alcores
La empresa consigue la suspensión cautelar del contrato aunque la Mancomunidad entiende que Aborgase “no tiene relación con el objeto del contrato”, destacando su “mala fe”
Aborgase, la empresa que actualmente gestiona la planta de Montemarta Cónica que da servicio a la gestión de residuos de la Mancomunidad de los Alcores, en la que se incluye Sevilla capital, ha conseguido suspender cautelarmente el procedimiento iniciado por la entidad para licitar la concesión administrativa, que se encuentra en prórroga forzosa desde el año 2016, aunque la entidad entiende que la empresa “no tiene relación con el objeto del contrato” y apunta incluso hasta su “mala fe”.
La Mancomunidad de Los Alcores, que mantiene 15 de las 25 irregularidades que detectó el Tribunal de Cuentas, inició a finales de octubre el expediente para contratar el servicio para los estudios de consultoría para la licitación de la concesión del servicio de gestión de residuos de la Mancomunidad de Los Alcores y la apertura del procedimiento abierto para su adjudicación, un contrato estimado en 492.576,7 euros (596.017,8 con IVA) y con un plazo de ejecución de un año.
Sin embargo, Aborgase, actual concesionaria, aunque de forma forzosa porque el contrato expiró en marzo de 2016, presentó un recurso en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía contra el contrato y sus pliegos, y ahora el tribunal ha accedido tanto a suspender el proceso de adjudicación para los servicios de consultoría y la suspensión del plazo de presentación de ofertas, que pretendían concluir en enero de 2026. De hecho, el contrato aparece anulado en este momento en el Portal de Contrataciones.
Según la resolución del Tribunal, Aborgase estimaba en su recurso que el procedimiento de licitación está “aquejado de vicios que comprometen su validez” y apunta que “se le ocasionarían perjuicios de difícil o imposible reparación, afectando a sus derechos e intereses legítimos en cuanto concesionaria actual del servicio”.
El Tribunal además destaca que el órgano de contratación “no ha realizado alegaciones a la solicitud de suspensión instada por la entidad recurrente”, es decir, Aborgase. La ausencia de estas alegaciones “impide a este Tribunal disponer de la información suficiente para poder determinar en qué medida la suspensión solicitada afecta al interés público y las exigencias de este demandad una pronta ejecución, no pudiendo valorar qué interés resulta más digno de protección, mientras se sustancia el procedimiento de recurso especial, si el interés público de la Administración o los intereses particulares de la entidad recurrente”.
Así, reconoce que “la fase tan incipiente del procedimiento de adjudicación” unido a la “brevedad de los plazos previstos para la resolución del recurso especial”, lleva al Tribunal a considerar que “el proceso de licitación no deba permanecer en suspenso por un largo periodo de tiempo, quedando minimizado cualquier posible perjuicio para el interés público perseguido por la presente licitación”.
De esta forma, el tribunal considera que, mientras se realiza un “análisis de fondo” del procedimiento principal, acuerda suspender cautelarmente no sólo el proceso de licitación del servicio de consultoría sino también los plazos de presentación de ofertas, “atendiendo a los escasos perjuicios que ocasionaría a los licitadores”, ante la brevedad de los plazos del recurso presentado por Aborgase.
Sin embargo, la Mancomunidad sí que ha respondido al Tribunal, alegando que Aborgase “no tiene relación con el objeto del contrato”, puesto que es una consultoría que determinará cómo prestar el servicio y qué instalaciones requerirían, además de los términos de la futura licitación. La entidad incluso apunta la “mala fe” de la empresa, que recuerdan puede ser incluso sancionable, puesto que lo que ha pretendido Aborgase es “alargar el procedimiento”, puesto que no se ha paralizado y en unas dos semanas podrá resolverse.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)