176 millones para inversiones sostenibles en la provincia de Sevilla

El Gobierno de España destinará 176,21 millones de euros a inversiones sostenibles en la provincia de Sevilla, una medida aprobada este miércoles en el Consejo de Ministros. Según ha apuntado en una nota el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, se trata de "una oportunidad histórica para transformar nuestros municipios y mejorar la vida de los sevillanos".

El Real Decreto-ley permitirá, según la mencionada nota, a entidades locales y comunidades autónomas utilizar el superávit de 2024 para proyectos que fortalezcan servicios esenciales, generen ahorro futuro, reduzcan costes y contribuyan a la lucha contra el cambio climático, sin que computen en la regla de gasto.

Los fondos podrán aplicarse a ámbitos que afectan directamente al bienestar ciudadano y al desarrollo económico, como la mejora de redes de agua y saneamiento, la modernización del alumbrado público, la gestión eficiente de residuos, la construcción y rehabilitación de viviendas, el refuerzo de infraestructuras educativas y sociales, el transporte sostenible y la digitalización de servicios. También se contemplan actuaciones que impulsan la eficiencia energética y la implantación de energías renovables, así como proyectos que favorezcan la innovación tecnológica y la sociedad de la información.

El subdelegado ha destacado en este sentido que estas actuaciones no solo modernizan los servicios públicos, sino que también dinamizan la economía local y generan empleo. "Cada euro invertido en sostenibilidad revierte en bienestar y progreso para nuestros vecinos", ha señalado.

El Real Decreto-ley establece que, si un proyecto no concluye antes del 31 de diciembre de 2026, la parte restante podrá ejecutarse en el ejercicio siguiente, siempre que se financie con el remanente y dentro del límite del superávit. No obstante, las actuaciones deberán iniciarse antes de finalizar 2026 para garantizar que los beneficios lleguen cuanto antes.

De manera paralela, el Gobierno ha decidido aplazar un año la entrada en vigor del Reglamento Verifactu, que regula los sistemas informáticos de facturación para pymes y autónomos, hasta 2027. Esta medida busca facilitar una implantación ordenada, reforzar la lucha contra el fraude fiscal y garantizar la trazabilidad de la facturación, sin generar cargas excesivas para el tejido empresarial.