La Junta recupera dos ayudas eliminadas en 2012 y miles de andaluces podrán volver a pedirlas

Andalucía reactivará en 2026 varias ayudas sociales suspendidas hace más de una década para empleados públicos
Funcionarios trabajando. | EP
Funcionarios trabajando. | EP

La Junta de Andalucía ha recuperado para 2026 dos ayudas de acción social que permanecían suspendidas desde 2012: las destinadas a los familiares de empleados públicos fallecidos y las ayudas al alquiler de vivienda habitual. La medida, publicada ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), forma parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno andaluz y los sindicatos dentro de la Mesa General para mejorar las condiciones del empleo público y reforzar los servicios públicos.

La resolución aprobada por la Administración andaluza contempla una inversión superior a 3,5 millones de euros para financiar estas ayudas sociales dirigidas al personal empleado público. Entre las partidas incluidas destacan las ayudas por defunción y las destinadas a víctimas de violencia de género obligadas a cambiar de domicilio por motivos de seguridad.

Andalucía recupera las ayudas suspendidas durante la crisis

La recuperación de estas prestaciones supone revertir parte de los recortes aplicados en 2012 durante los años más duros de la crisis económica. La Junta llevaba meses negociando con las organizaciones sindicales la reactivación de estas medidas dentro del acuerdo firmado el pasado noviembre en la Mesa General de negociación.

La resolución publicada en BOJA fija las cuantías económicas previstas para 2026 y regula además los requisitos y procedimientos necesarios para acceder a las ayudas.

En concreto, la Administración andaluza destinará un millón de euros a las ayudas por defunción y a las dirigidas a víctimas de violencia de género que necesiten trasladarse de vivienda para garantizar su protección.

Ayudas de 6.000 euros para familias de empleados públicos fallecidos

Las familias de trabajadores públicos fallecidos podrán recibir una ayuda de hasta 6.000 euros. Por su parte, las víctimas de violencia de género tendrán acceso a ayudas de hasta 1.200 euros para cubrir gastos relacionados con el cambio de residencia.

El resto de fondos previstos por la Junta se distribuirá entre las ayudas para personas dependientes y las destinadas al alquiler de vivienda habitual.

En el caso de la atención a personas dependientes, Andalucía reservará 800.000 euros, con un límite máximo de 3.000 euros por beneficiario. Mientras, las ayudas al alquiler contarán inicialmente con una partida de 1,74 millones de euros, aunque esta cantidad podría ampliarse si quedaran remanentes de otras líneas de ayudas.

Quién podrá solicitar las ayudas por defunción

La normativa establece que podrán acceder a estas ayudas los familiares que convivieran con la persona fallecida. El orden de beneficiarios será excluyente y comenzará por el cónyuge viudo o la pareja de hecho legalmente constituida.

En ausencia de estos, podrán solicitarlas los descendientes y posteriormente los ascendientes por consanguinidad. Si existieran varios beneficiarios del mismo grado familiar, la cuantía se repartirá a partes iguales.

Además, la Junta permitirá solicitar estas ayudas para fallecimientos producidos desde el 1 de enero de 2025, aunque el plazo ordinario será de un año desde el día siguiente al fallecimiento.

Cómo solicitar las ayudas de la Junta de Andalucía

Las solicitudes deberán presentarse preferentemente por vía telemática a través del Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía, utilizando el formulario disponible en el Catálogo de Procedimientos y Servicios de la Administración autonómica.

La resolución también detalla toda la documentación acreditativa necesaria para tramitar las solicitudes.

La ayuda por defunción será incompatible con otras prestaciones similares concedidas por organismos públicos o privados, salvo que estas tengan una cuantía inferior. En esos casos, los beneficiarios podrán solicitar la diferencia hasta alcanzar el límite máximo fijado de 6.000 euros.

Para acceder a estas ayudas, la persona fallecida debía encontrarse en servicio activo dentro de la Administración andaluza o, en el caso del personal laboral, prestando servicios efectivos para la Junta de Andalucía.